La reciente campaña que el Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado para luchar contra la prostitución en espacios públicos ha abierto un debate inconcluso en nuestra sociedad. Existen posturas diversas sobre su legalización, su persecución o incluso aquellos que apuestan por dejar esta actividad en el limbo jurídico en el que ahora se encuentra. Es por ello que debemos apostar por abrir un debate, sin lugar a dudas complejo, pero necesario dentro de nuestra sociedad.
Sin caer en alarmismos, es importante destacar que el negocio del sexo incumbe a más de 400.000 personas en España, en su mayoría mujeres –y estas, al mismo tiempo, inmigrantes, un 85% aproximadamente-. En España existen más de 3600 clubes de alterne, que absorbe un 80% del negocio. Los anuncios de sexos por palabras aportan a los periódicos entre un 5 y un 10% del total de sus ingresos. Aproximadamente un 26% de los varones de entre 18 y 49 años han pagado por sexo en al menos una ocasión. Es decir, es un negocio en el que las prostituidas son, en la casi totalidad, mujeres y los clientes son mayoritariamente hombres. Ante datos como estos, no legislar seria sinónimo de mirar hacia otro lado, de no prestar atención a una actividad cargada de polémica.
En todo caso, cualquier paso que se dé en este sentido debe estar marcado por varios factores:
1. Garantizar los derechos de las prostitutas.
2. Proteger su salud así como su integridad física y moral.
3. Luchas contra aquellos que coaccionan a las prostitutas obligándolas a ejercer dicha actividad.
4. Apoyar a los grupos de autoayuda de prostitutas, como elemento necesario para prestar asistencia a dicho colectivo.
Indudablemente, acabar con los problemas ligados a la prostitución requiere de medidas integrales así como de programas transversales. Quizás la medida tomada por el Ayuntamiento de Sevilla resulte excesivamente polémica, sin embargo esto representa su mayor éxito, puesto que reabre el debate sobre la prostitución en España.

*autor: Alejandro Jiménez García