Después de 23 años de legislación intocable, por fin un nuevo marco jurídico se nos avecina en el campo del aborto. Lo que no debería dejar de ser celebrado como un avance en política social aceptado por la mayoría del centro-derecha europea, en nuestro país encuentra algunas voces discordantes contrarias que son ajenas al hecho de que la realidad ya ha superado a la obsoleta norma de 1985 actualmente vigente.

Los argumentos de división social que la derecha esgrime son bastantes inquietantes, una apelación muy en la línea de su tradición histórica en España. Llevado al extremo, no tocar aquello que divide, o que la derecha dice que divide, es de un flagrante espíritu antidemocrático.

Dentro de las creencias individuales es imposible alcanzar un consenso entre dos posiciones tan sumamente alejadas. Lo que la lógica (y la ética) dicta entonces, es que hagamos el ejercicio mental de llevar a la praxis ambas teorías y ver cuál de ellas es menos restrictiva con respecto a los derechos de todas y todos. Algo así: 1º) No regular los plazos y abrir un abanico de posibilidades de aborto es imponer a la generalidad de la ciudadanía premisas que no tiene por qué compartir. 2º) Regularlos no es imponer nada, porque la mujer que quiera podrá seguir gestando, y la que no podrá parar en los casos recogidos en el próximo marco normativo.

Me adhiero y aplaudo por tanto a la primera tesis, inspiradora, sin duda, y antesala, de un nuevo derecho social que nuestro país se encamina a conquistar gracias, otra vez, al impulso de igualdad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.


* Autor: Antonio Barragán Sevillano